El abogado murciano Diego de Ramón, que ejercitaba la acusación popular en el proceso por la contaminación del río Segura, no se va a quedar cruzado de brazos cruzados ante la decisión de la Audiencia Provincial de dar carpetazo a las diligencias debido, entre otras razones, a unas dilaciones indebidas tan graves que han llegado a superar los cinco años de absoluta parálisis.

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