Turquía vive, desde hace dos años, en un semipermanente estado de excepción; un tipo de régimen que ha erosionado derechos y libertades y que ha permitido el arresto de más de 160.000 personas, el despido de más 150.000, el cierre de más de 1.000 centros educativos, 15 universidades, 174 medios y casi 1.500 asociaciones; un mecanismo que ha dotado al presidente Recep Tayyip Erdogan de poderes legislativos que se han traducido en 31 decretos de ley.

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