Servirán para dos cometidos: la seguridad de los conductores y pasajeros, pero también para poder multar a coches mal aparcados en el carril bus. Los Ayuntamientos de Madrid y San Sebastián, que las pusieron en práctica, tuvieron que anularlas debido a que vulneraban frontalmente la Ley de Protección de Datos, así como podía afectar a la intimidad de las personas, por lo que hace años que se dejaron de utilizar. Algo que el consistorio valenciano parece haber ignorado, y que seguramente llevará a que su puesta en práctica no tenga lugar.

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