El sector eléctrico ha puesto encima de la mesa, una vez más, su habitual táctica de judicialización cuando no le gusta un asunto público que le afecte. En esta ocasión lo hace contra las tasas de uso del dominio público que pueden aprobar ayuntamientos o juntas vecinales para gravar el uso del espacio que hacen con sus redes de distribución las eléctricas. Las tasas por ocupación de dominio público han sido avaladas por cinco sentencias del Tribunal Supremo.

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