Rocío Marcos, exinterventora general de la Junta tras la marcha del exinterventor acusado en este juicio de la pieza política delos ERE, ha acabado reconociendo, a preguntas del fiscal Anticorrupción, que la fórmula usada para pagar ayudas socio laborales y directas a empresas entre 2001 y 2010 “dejó fuera de control” casi 800 millones de euros. Cosa que “se manifestó” de manera “clara y palmaria a partir de 2005”, cuando se elaboró el llamado informe adicional que hablaba del “uso inadecuado” de las transferencias de financiación de Empleo..

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