Ibáñez asevera que todo era legal, pero ingresaba los “paquetitos” o remesas en cantidades que no superasen los 3.000 euros. Según fuentes jurídicas del procedimiento, se trata de un “método habitual” para “saltarse las alertas de Hacienda” y “vulnerar la Ley de Partidos” en las donaciones. Las mismas fuentes consideran esclarecedor que recibiera el dinero para el partido no de un cargo del PP, sino de un vicepresidente del Gobierno, con capacidad de adjudicación para las empresas que donaban.

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