El Gobierno ha optado por dejar en un limbo los alrededor de 8.000 millones de euros que los ayuntamientos han cobrado irregularmente a los ciudadanos en los últimos cuatro años por el llamado impuesto de Plusvalías, que el Tribunal Constitucional tumbó hace un año al declarar nulos los tres artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que lo regían.

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