En España, el coste sobrepasa los 200 millones de euros. Según los expertos, la mayoría de fabricantes de estas toallitas "incumple los estándares de calidad" al emplear tejidos que "no son biodegradables". El problema de estos residuos es tan preocupante en algunas ciudades que ya se ha presentado en el Congreso una propuesta para impulsar una campaña institucional.

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