La diputación iba a pagar las obras en dos plazos, el 60% durante la explotación, pero por razones desconocidas en la firma del contrato se cambió esa condición. Se aumentó la extensión del complejo de ocio a pesar de los votos en contra de tres vocales de la sociedad pública encargada de la tramitación. La empresa inglesa que vendió el ‘snowflex’ cobró 1,9 a Corsán, pero tiene facturas pendientes. La ilegalización del proyecto obligó a la Diputación a ‘rescatar’ a Corsán, y hasta el momento ha pagado 12 millones por una adjudicación de 4,7 M.

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