Sus abogados argumentan que la causa no se ha declarado compleja, como exige la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el propio PP. Esa norma, criticada por asociaciones judiciales, establece un plazo máximo de seis meses de investigación para las causas penales si no se pide prórroga. Anticorrupción también se opone a extender la investigación y afea al juez que use argumentos que producen "inseguridad y "confusión".

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