Susana Galera, profesora de Derecho Constitucional y citada a declarar como investigada por la jueza del caso Cifuentes, denunció el 28 de marzo (una semana después de que saltara el escándalo) ante la inspección de la Universidad Rey Juan Carlos que había detectado "anomalías" en sus actas, el documento informático sobre el que el docente pone calificaciones.

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