Una abogada vinculada a despachos de Madrid y Barcelona que se encargan de la defensa de los prófugos telefoneó al tribunal con la pretensión de hablar de su "retorno" con el magistrado Pablo Llarena. La letrada no pudo en ningún momento acceder al magistrado, que, una vez informado de la llamada, se negó a atenderla. Llarena ordenó además que todo intento de contactar con él al margen de los cauces procesales sea rechazado, dado que la forma de comunicarse con el tribunal debe ser por escrito, tal como establece la ley.

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