La nueva Ley de Contratos, diseñada para prevenir la corrupción en las obras públicas, añade trabas de difícil superación para los pequeños municipios. Exige una serie de informes y de protocolos que en la práctica sitúan a los alcaldes ante la disyuntiva de cumplir la ley y posponer sin fecha las intervenciones o saltársela y actuar para evitar males mayores. Algunos consistorios dejan de comprar libros para sus bibliotecas ante los enrevesados trámites que requiere adquirir un artículo cuyo precio no varía en función de quien lo suministra

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