Diecisiete años después de la aprobación ilegal de la urbanización de Majanicho, en Fuerteventura, la Comisión Europea ha puesto la lupa en uno de los casos de urbanismo salvaje más relevantes del Archipiélago canario. La Comisión investiga el proyecto urbanístico, que se ejecutó a pesar de la anulación firme del Tribunal Supremo, por vulnerar la normativa europea sobre protección ambiental y ha abierto un procedimiento de infracción contra España.

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